Ejecucion de un Mexicano

A pocos dias de la ejecución del mexicano Edgar Tamayo en Texas, en Estados Unidos, algunas entidades latinoamericanas exigen al gobernador de dicho estado, Rick Perry, que revise este  patetico caso, en el que se violaron los derechos del detenido como ciudadano mexicano.Tanto la defensa del caso como las autoridades mexicanas y varias entidades latinas de Estados Unidos suplicaron de ultimo mento revisar el caso de Tamayo, que fue su detencion en el año 1994 en Houston (Texas) por el asesinar a un agente policial.  Sustenta su peticion en que el ciudadano de Mexico jamas se le informo de su derecho a pedir ayuda de representantes del consulado de su país, contenido en la Convención de Viena, ni tampoco se tomo en cuenta en el proceso judicial la discapacidad mental que tiene el detenido."Si el gobernador llevara a cabo una revisión del caso, Tamayo no sería ejecutado en una semana", menciono la presidenta de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), Margaret Moran, en conferencia por telefono.

La abogada del caso, Sandra Babcock, menciono que existen pruebas que podrian sacar al acusado del corredor de la muerte que se hubieran presentado durante el proceso judicial, en caso de recibir asistencia consular y legal necesaria."Si el consulado de Mexico hubiera sido informado de la detención, jamas habría sido sentenciado a muerte", sostuvo hoy la abogada. 

La petición se dirige a la Junta de Perdones de Texas, pero también al gobernador, Rick Perry, y al procurador general del estado, Greg Abbott, para que cumplan con su promesa de 2008 de checar el caso.  "Están rompiendo su promesa al declinar en cada paso que se deje una revisión de esta violación de los derechos consulares", acusó la presidenta de LULAC.En 2008, Rick Perry aseguró que Texas apoyaría una revisión de los casos de mexicanos sentenciados a muerte en los que hubiera una supuesta violación del artículo 36 de la Convención de Viena y así lo manifestó en cartas a la entonces secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, y al Fiscal General de EE.UU, Michael Mukasey.El objetivo ahora es tanto aplazar la ejecución.

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